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Proyecto de ley contra los vuelos de campaña electoral en Internet
Un senador de la coalición gubernamental progresista está dando la voz de alarma: Uruguay también se ve afectado por las falsas campañas de noticias de los llamados bots. La propagación deliberada de mentiras en el país desde el fin de la dictadura ha sido un crimen.
El partido gobernante de Uruguay, el Frente Amplio (FA – Frente Breite), está respondiendo a las campañas de mentiras parcialmente robotizadas en la red de influencia electoral. La democracia y el Estado de derecho están en grave peligro, advierten los representantes de la FA. Actualmente, candidatos con ideologías neoliberales radicales están llegando al poder en el continente americano de esta manera, y las fuerzas de extrema derecha han podido fortalecer su influencia social.
Periodistas en Río de Janeiro ven un Facebook en vivo de Jair Bolsonaro. El candidato presidencial de derecha utiliza los medios sociales para crear un ambiente contra su rival de izquierda Fernando Haddad.
Marcos Otheguy, senador del Frente Amplio, presentó recientemente un proyecto de ley contra las campañas falsas en las elecciones. En su proyecto, pide una pena de prisión de dos a cuatro años por este delito electoral. Los nuevos párrafos se integrarán en la legislación electoral vigente. El delito abarca cualquier tipo de noticias falsas, ya sean escritas, canciones, símbolos, imágenes, grabaciones o vídeos que engañen deliberadamente a los usuarios.
El miedo a las campañas mentirosas en las elecciones y la preocupación por la democracia están sin duda justificadas. Se dice que el ex presidente Barack Obama utilizó estos métodos ya en 2012, antes de la segunda vuelta de las elecciones. En 2016, la empresa británica «Cambridge Analytica» robó datos personales de 83 millones de cuentas de Facebook para la campaña de Donald Trump.
Durante el referéndum sobre el tratado de paz en Colombia en el mismo año, dos empresas de marketing trabajaron con informes falsos para el «No». La oposición también utilizó con éxito el método en las elecciones en Ecuador en 2017. En Chile, contribuyó a la victoria electoral del presidente Sebastián Piñera en 2017, y en Brasil, las campañas de mentiras masivas recientemente pusieron al frente al racista Jairo Bolsonaro.
El senador Marcos Otheguy advierte que los fundamentos de la democracia están en peligro. «En nuestra opinión, actualmente no hay tarea más relevante que la defensa de la política y la democracia: es evidente que tanto en la región como en el mundo están amenazados», dijo el senador de izquierda a la prensa.
Incluso en la antigua Grecia, el derecho a hablar en público fue reconocido como la base de la democracia. Pero el deber de decir la verdad es también inseparable, como lo es el coraje para exponer la mentira, argumentó Otheguy en su artículo en La Diaria el 22 de noviembre.
Después del fin de la dictadura en Uruguay: la prohibición de los medios de comunicación miente
Poco después del fin de la dictadura, en 1989 se aprobó en el pequeño país una ley que prohíbe la difusión deliberada de mentiras en la escritura, el sonido y las imágenes. El efecto de las falsas noticias controladas en los medios de comunicación, con las que el régimen justifica las brutales medidas represivas, se ha entendido como un elemento central de una dictadura y de su criminalidad.
A eso se refiere el representante del pueblo. Su iniciativa no sacudiría la ley de medios de comunicación anteriormente válida, ya que se concentraría en los nuevos desarrollos en el campo digital, que eran impensables en aquel momento. Las nuevas tecnologías, Internet, han abierto una dimensión que podría manipular masivamente la percepción de la realidad.
Dependencia del smartphone
Ha crecido una nueva generación de votantes, que principalmente obtienen sus opiniones políticas de mensajes cortos y videoclips en Facebook, WhatsApp y Twitter. Casi parece una adicción cuando, por ejemplo, el 80 por ciento de los usuarios de transporte público uruguayos miran constantemente a sus teléfonos inteligentes. La impresión también se repite en la escena de la calle.
Otheguy argumenta a la prensa:
Representantes de instituciones internacionales, plataformas de Internet, expertos de la comunidad técnica y del periodismo y muchas organizaciones de la sociedad civil coinciden en que la información falsa es un problema importante, especialmente en el ámbito de los procesos electorales. Amenazan el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho.
La Autoridad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones del Uruguay (URSEC) tendrá ahora la responsabilidad especial de monitorear y controlar las plataformas digitales de Internet de las comunicaciones globales.
Llamado a la oposición para un pacto ético entre no partes
La crítica a la propuesta del senador llegó inmediatamente. El opositor Partido Nacional habló de censura. Su diputado Rodrigo Goñi presentó una contrapropuesta. Según sus ideas, debería existir un «Pacto de Ética Digital entre todas las partes» para combatir las noticias mentirosas y las campañas de confusión. El paso del colega del partido gobernante fue derrotado:
Es una iniciativa antidemocrática que restringe la libertad de expresión porque crea un delito penal para los ciudadanos. Esto conduce a la censura o a la autocensura
En opinión de Goñi, las noticias falsas deben ser abordadas con un enfoque amplio: la autorregulación debe tener prioridad, la concienciación de los ciudadanos debe ser agudizada, el castigo no es factible. La experiencia ha demostrado que la medicina es peor que la enfermedad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige definiciones legales
El autor del nuevo texto de la ley se opone a ello. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado claramente (según la Opinión No. 5/85) que cualquier medida preventiva o «censura previa» tiene el efecto de violar la libertad de expresión.
Al mismo tiempo, sin embargo, estableció criterios para establecer válidamente un delito penal en este ámbito. Según el tribunal, debían cumplirse varios requisitos:
– que los motivos de la responsabilidad han sido claramente definidos de antemano,
– que están establecidos por ley,
– que los objetivos que debe alcanzar una norma de este tipo son legítimos (por ejemplo, elecciones correctas); y
– que los motivos de la responsabilidad son «necesarios para alcanzar los objetivos (legítimos) mencionados».
Según el proyecto de Otheguy, ninguna prohibición debe tener lugar en el período previo a una información o representación de la opinión, sino sólo después, con «acción consciente y consumada», como también se maneja en el sentido de la anterior ley de medios de comunicación (Nº 16.099) en Uruguay. Su texto es constitucionalmente correcto y está en consonancia con la Declaración Interamericana de Derechos Humanos de 1969.
De acuerdo a la ley, la mentira mediática es un delito penal en Uruguay. Además, la Ley de libertad de prensa y libertad de opinión ya establece que la difusión deliberada de información falsa que conduzca a una violación grave del orden público o a un daño grave a los intereses económicos del Estado o a su reputación en el extranjero constituye un delito penal. Podrá ser condenado a una pena de prisión de entre tres meses y dos años. Hasta la fecha, nadie se ha pronunciado en contra de la ley. Tampoco nadie se ha quejado de que restrinja la libertad de opinión y de pensamiento.
En tercer lugar, la nueva ley crea una norma más precisa, ya que el comportamiento punible debe ser intencional. Además, ahora es además necesario que los medios incriminados sean funcionales para tal fin (por ejemplo, manipulaciones para cambiar los resultados de las elecciones). Sólo entonces se los clasificaría como delitos penales.
En cuarto lugar, el senador afirma que el delito sólo puede cometerse si se utilizan plataformas digitales de comunicación global, o con la ayuda de un sistema informático o de tecnologías de transmisión de datos. Los delitos en el ámbito de los medios de comunicación clásicos seguirán siendo tratados por la Ley de medios de comunicación.